Una investigación minuciosa llevada adelante por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, dependiente de la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV Bragado, permitió concretar este martes dos detenciones clave en Ramos Mejía, en el marco de una causa por defraudación informática y estafa agravada. La causa, dirigida por la Fiscalía N° 1 de Junín, bajo la titularidad de la Dra. Vanina Lisazo, se inició tras la denuncia de un joven que en enero de 2023 transfirió $157.500 creyendo adquirir criptomonedas a través de una falsa publicación de Instagram. La maniobra fraudulenta incluyó el desvío de fondos por cuentas digitales de Brubank y Ualá, y la utilización de múltiples correos electrónicos, líneas telefónicas y billeteras virtuales para encubrir los rastros. El trabajo de Cibercrimen Junín, con apoyo de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen y la Superintendencia de Investigaciones en Delitos Complejos y Crimen Organizado, incluyó análisis forense de dispositivos, informes de ANSES, empresas de telecomunicaciones y plataformas financieras. Los peritajes hallaron chats sobre inversiones, criptomonedas, cuentas de Gmail y búsquedas relacionadas con cuevas financieras y operaciones de divisas. Como resultado, se logró establecer la responsabilidad de tres personas: un intermediario con domicilio en Córdoba, un joven de 21 años de Ramos Mejía y su madre, quienes compartían el acceso a internet y las herramientas utilizadas en la estafa. Ambos fueron arrestados durante la madrugada del 17 de junio tras allanamientos simultáneos en Buenos Aires y Córdoba. La madre y el hijo fueron trasladados bajo custodia y sometidos a indagatoria conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal. La justicia calificó el hecho como “Estafa” (artículo 172 del Código Penal) y libró un exhorto judicial para detener al tercer implicado en la provincia de Córdoba, cuyo paradero es objeto de nuevas tareas de inteligencia criminal. Diario TAPA DEL DÍA | www.tapadeldia.com Opinión: El avance de las bandas cibercriminales y la dificultad para rastrear el dinero en el sistema financiero informal evidencian la necesidad urgente de reforzar la educación digital de la población y dotar a las fiscalías especializadas de mayores recursos tecnológicos y humanos para enfrentar delitos que trascienden fronteras provinciales.